El Congreso.- La señora Dionicia Camarena no solo es una activa militante de Fuerza Popular si no también pertenece al grupo de personas de la tercera edad ya que cuenta con 76 años. Sn embargo, pese a su avanzada edad, la anciana estuvo trabajando hasta enero de este año en el Departamento de Comisiones del Congreso junto a la parlamentaria Rosa Bartra ¿Cómo lo hizo cuando cualquier trabajador del parlamento apenas cumple los 70 años es cesado por el límite de edad?
Bueno en un Congreso bajo la férula del fujimorismo todo puede suceder.
Otro ejemplo es el caso de la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma quien cuenta con una seguridad personal integrada por ocho policías, una motocicleta, un automóvil, una camioneta y cuatro choferes, además del combustible que requiera “para cumplir sus funciones” a pesar de que ya no debería corresponderle porque su función como miembro de la mesa directiva del Congreso ya concluyó.
Todo esto, claro está, sin contar con los blindajes y actitudes prepotentes y abusivas que exhiben con total desparpajo.
Poder Judicial y Fiscalía.- Increíble. Los fiscales supremos Tomás Gálvez Villegas, con impedimento de salida del país por el plazo de ocho meses dictado por Poder Judicial; Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quien se pronunció a favor de que se declare fundado el recurso de casación que le daría la libertad a la lideresa de Fuerza Popular pese a integrar la sala que vería el recurso presentado por la defensa de Keiko Fujimori y, Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación, quien es investigado por la vulneración a las oficinas lacradas del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato; que investiga a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos; le pidieron a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la concurrencia, con carácter de urgencia a los fiscales Anticorrupción Rafael Vela y José Domingo Pérez a que se presenten ante la Junta de Fiscales Supremos para explicar los alcances del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Ellos sospechan que en el acuerdo hay algo turbio.
El Ejecutivo.-Desde Ayacucho el Presidente Martín Vizcarra declaró que su gobierno continúa trabajando: “Todos los días, entregamos colegios concluidos, hospitales ya en operación, títulos de propiedad, carreteras. (…) Estamos haciendo innumerables obras en todos los sectores para mejorar el nivel de vida de todos los peruanos”, aseguró.
Al día siguiente, ya en Piura, el mandatario declaró que los problemas políticos pasan y que las obras quedan en el corazón del pueblo.
Y mientras muchos peruanos nos dejamos llevar por el barullo político estamos descuidando volver la mirada hacia otros sectores cuya realidad es diferente.
En Puno, la coordinadora del programa articulado nutricional de la Red de Salud San Román, Padhy Cañapataña Castillo, indicó que esa región ocupa el primer lugar en casos de anemia. Citó como ejemplo Juliaca donde cinco de cada diez niños padecen de este terrible mal debido al deficiente servicio de agua y saneamiento que hay. A ello se suma la mala nutrición.
Eso no es todo.
Según un informe de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas las víctimas rescatadas no cuentan con albergues especializados. En muchos casos, son enviadas equivocadamente a centros preventivos de la Policía Nacional o peor aún, son devueltas a sus explotadores.
De acuerdo al documento en este año se han registrado 1508 casos de trata de personas a nivel nacional. De acuerdo a la fiscalía especializada en este delito, en el 70% de esos casos se consiguieron sentencias condenatorias. Sin embargo, ese logro resulta insuficiente ante la falta de atención y protección a las víctimas.
Al respecto, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina y las fiscales provinciales Berenice y Miluska Romero, explicaron que el principal problema es que nuestro país no cuenta con albergues especializados.
“Lo que sucede en estos momentos es que a las víctimas de trata las llevan a albergues con otras víctimas de violencia familiar o violencia sexual (…) Esa mezcla al final genera que ni unos ni otros puedan recuperarse”, declaró.
Por su parte la fiscal Miluska Romero indicó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que es la entidad encargada de la asistencia posterior al rescate, muchas veces entregó a las víctimas a parientes o personas no idóneos o peor aún, a sus mismos tratantes.
En muchos de esos casos, los niños y adolescentes terminaron fugando y se convirtieron nuevamente en víctimas de violencia física o de explotación sexual.
“Para que en nuestro país se hable de justicia con una víctima de trata, no basta con que se sancione o condene al tratante, lo importante es que la víctima sea reparada, asistida y protegida», finalizó la fiscal Miluska Romero.
La cereza en la torta
Hasta el 2018, cerca de 800 mil venezolanos ingresaron al Perú, muchos de ellos, profesionales o con mejor capital humano que el peruano. Lo que generó un impacto en el empleo, sobre todo, en el informal.
Un estudio preliminar elaborado por los economistas Renzo Castellares y Roger Ascencios, del Banco Central de Reserva del Perú, reveló que el ingreso de venezolanos a Lima Metropolitana aumentó en casi cuatro veces la población que cada año ingresa al mercado laboral.
Este hecho provocó que la competencia por un puesto de trabajo sea más alta principalmente en las ofertas laborales en donde se ofrecía en promedio un sueldo de alrededor de 1.000 soles mensuales.
El estudio considera que los jóvenes entre 14 y 24 años con secundaria incompleta, sobre todo las mujeres, son las más afectadas.
