Susana Villarán: PJ evaluará mañana pedido de prisión preventiva

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Ayer exalcaldesa admitió que Odebrecht y OAS financiaron campaña contra revocatoria 

El Poder Judicial evaluará mañana el pedido efectuado por el Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el marco de la investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.

La audiencia se desarrollará en el edificio Carlos Zavala Loayza, en el jirón Manuel Cuadros 182, Cercado de Lima ( Sala de Audiencia N. 2, segundo piso) desde las 9:00 horas.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia citó a audiencia para ese día a petición de la Fiscalía para debatir la procedencia del requerimiento fiscal de revocatoria de la comparecencia con restricciones por la medida de prisión preventiva por 36 meses contra Susana Villarán y el exgerente municipal, José Miguel Castro.

El fiscal provincial, Carlos Puma Quispe, del Equipo Especial Lava Jato, quien requirió al Poder Judicial la prisión preventiva para Villarán y José Miguel Castro, también solicitó 36 meses de carcelería preventiva para Gabriel Prado Ramos, Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, César Simón Meiggs Rojas y Óscar Ricardo Vidaurreta Yzaga.

Susana Villarán tiene vigente una orden de comparecencia con restricciones desde el pasado 10 de agosto, que la obliga a ir todos los meses a la fiscalía para el control correspondiente, a no ausentarse de Lima no variar su domicilio sin previa autorización judicial.

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata afirmó recientemente que la constructora brasileña apoyó con 3 millones de dólares a la campaña de la No revocatoria de Susana Villarán en 2013 para mantener la concesión de Rutas de Lima. Indicó que este aporte ilegal, fue a pedido del exgerente municipal, José Miguel Castro.

Como se recuerda, en la víspera la exalcaldesa admitió que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS financiaron la campaña en contra de la revocatoria.

(Fuente: Andina)