La situación de los armadores pesqueros de Sechura, con el fin de interceder con un acuerdo de Consejo Regional ante las autoridades del nivel central, fue contemplado esta mañana por parte de la comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura del Consejo Regional, presidida por la consejera Grecia Arriola Ortega.
El asesor de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de la Ley 26920, abogado Cristóbal Sandoval Peralta, fue quien explicó el reclamo de los armadores pesqueros, que piden frenar las normas que viene emitiendo el Ministerio de la Producción, que vulneran los derechos de los pescadores, aumentan las cobranzas por pesca y se cobran por adelantado las multas impuestas a ellos, así estén en proceso judicial, y que son en muchos casos escandalosas.
La cita contó con la participación de los consejeros de Ayabaca y Sechura, Walter Troncos y Angler Pazo, gerente regional de Desarrollo Económico, Ing. Eduardo Pineda Guerra, Ing. Alfredo Yarlequé Chávez, de la Dirección Regional de Producción, y de miembros del equipo técnico del Consejo Regional.
Sandoval Peralta recalcó lo normado en el proyecto de Decreto Supremo publicado mediante Resolución Ministerial N° 486-2018-Produce, respecto al aumento excesivo del pago de derecho de pesca, que antes era de 4 dólares y ahora se ha incrementado a 20 dólares por la indicada norma, lo que hace insostenible tener una embarcación y generará la quiebra de muchas empresas pesqueras. También rechaza que dicha norma haya sido elaborada por una consultoría externa, sin consideración a los armadores pesqueros.
Por ello han pedido la intervención del Consejo Regional y que interponga sus buenos oficios, para acelerar esta revisión, que consideran a todas luces inconstitucional. Señaló que al ser una facultad en la que el Ejecutivo se ha excedido, y que no tiene nada que ver con la pesca ilegal, procede por el solo hecho formal su derogatoria, lo cual ya está en trámite en la comisión de Constitución del Congreso.
El gerente regional de Desarrollo Económico, Eduardo Pineda, observó que en el Decreto Legislativo que norma la pesca ilegal, se tiene el artículo 78 que no tiene nada que ver con la aplicación de la cobranza coactiva con montos de 200, 300, 400 hasta 800 UIT, “eso llama la atención y como gerencia de Desarrollo Económico nos preocupa porque afectará la economía a los armadores”
Lo otro –dijo- es el Decreto Supremo donde de 4 dólares por tonelada extraída, se incrementa a 20 dólares. Consideró factible el pedido de los armadores en el sentido que el Gobierno Regional se pronuncie a través del Consejo Regional, para que se agilice el debate de la norma al venir siendo afectados en su economía las familias que viven de la extracción de la anchoveta.
Dato
La comisión se reunirá nuevamente en los siguientes días para preparar su dictamen, con el fin de que sea debatido en el pleno del Consejo Regional.
