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La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) exhortó este jueves al Gobierno de Nicaragua a detener la represión, luego de tres meses de protestas en los que al menos 317 personas han muerto y 1,830 han resultado heridas.
“Los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país. Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo”, dice una nota de prensa de la ONU publicada este jueves.
Pese a que la intensidad de las protestas ha disminuido en el país, las voces críticas hacia el Gobierno, incluidos los líderes campesinos, profesionales de la salud, estudiantes, periodistas independientes, representantes de la Iglesia Católica y miembros de la Alianza Cívica, siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos.
El texto destaca que los profesionales de la salud que ayudaron a las personas heridas, se han enfrentado a represalias y han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin una explicación clara, desencadenando así un efecto dominó perjudicial en el acceso a la atención médica. También se ha denunciado que la financiación de algunas instituciones académicas se ha congelado, como forma de retaliación contra las protestas.
“Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como “terroristas” y “golpistas”, y aparentes intentos de socavar a la oposición”, dice la nota.
“También estamos profundamente preocupados porque la nueva legislación, adoptada a principios de julio por el Congreso nicaragüense para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma”, agrega el documento.
(Fuente: Nodal)