Gracias a una rápida intervención y trabajo articulado entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de Pucallpa de la Marina de Guerra Perú (DICAPI) y la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró incautar 261 trozas de madera de las especies de Cumala y Marupa, provenientes del interior de la Reserva Comunal El Sira.
La incautación se realizó el pasado 23 de mayo en la quebrada Pacache, distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali. La comunicación rápida y oportuna del personal guardaparque del puesto de vigilancia y control “Cunchuri”, permitió el despliegue al lugar de los hechos de todos los representantes de las instituciones involucradas para las diligencias respectivas. El material forestal recuperado fue reducido en su valor comercial en aplicación del Decreto Legislativo N° 1079, que establece medidas que garantizan la preservación del patrimonio de las áreas naturales protegidas.
Las intervenciones y patrullajes se intensificaron desde el día 22 mayo cuando guardaparques del sector de Medio Ucayali alertó la llegada al puerto de la ciudad de una boya de madera proveniente de la Reserva Comunal El Sira. Esta alerta movilizó inmediatamente al personal del SERNANP- sede Pucallpa, representantes de la Dirección de Gestión Forestal de Fauna Silvestre de Ucayali (DGFFS) y de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental. En el lugar se constó la presencia 107 trozas de la especie de Cumala, material que fue incautado y que el fiscal provincial puso a disposición de la DGFFS.
Este trabajo en conjunto viene reduciendo las actividades de tala ilegal en este espacio natural garantizando de esta manera la conservación de la Reserva que beneficia a los pueblos indígenas asentados en la zona de amortiguamiento.
Delito grave
Cabe recordar que la tala ilegal de árboles al interior de un área natural protegida es una actividad tipificada como delito grave. Los infractores podrían recibir una condena de 4 a 7 años de pena privativa de la libertad.
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