La Constitución de 2008 vigente en Ecuador, que declaró al Estado como plurinacional, pluricultural y multiétnico, permitió dar un vuelco en cuanto a la participación política y ciudadana, aún cuando existen pendientes con estas poblaciones que tradicionalmente habían sido excluidas.
También reconoce los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades y se señala además que se debe mantener, desarrollar y fortalecer libremente la identidad de estos, no serán objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, por lo que contempla el resarcimiento y reparación a colectividades afectadas.
Con anterioridad, en los años 70, las políticas públicas implementadas para asegurar los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador no tuvieron resultados positivos, a pesar de que existieron acciones de desarrollo rural previas como la Misión Andina del Ecuador (MAE) para visibilizar a este sector de la población.
Fue en el año 1986 cuando se concretó la organización Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), como resultado de una lucha invisibilizada pero continua de comunidades, centros y uniones sociales indígenas de todo el país.
Posteriormente en 1995 se creó el movimiento político ecuatoriano, de carácter indígena, denominado Unidad Plurinacional Pachakutik, con el objetivo de unir diversas agrupaciones y crear una base ideológica que visibilizara las realidades, problemáticas y requerimientos; todos estos elementos enlazados bajo el respeto a su diversidad e interculturalidad.
Desde hace 10 años, la Carta Magna ecuatoriana rescató e inmortalizó los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de este país andino, protegidos bajo el artículo 56 y 57, donde estipula sus reconocimientos, sus identidades, lenguas, tradiciones ancestrales y formas de organización social, así como otros puntos relevantes para protegerlos del racismo, conservación de sus tierras comunitarias y administración propia de sus recursos naturales
A pesar de estas acciones y del acceso de este segmento poblacional a los servicios fundamentales en Ecuador, persisten obstáculos sociales que, según analistas consultados, no permiten una participación considerable y equitativa de los sectores indígenas de todo el país, sobre todo en el marco político y el desarrollo de su población en el aspecto educativo.
Fernando García, antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito, señaló a Andes que hay una fecha importante en el proceso de participación política de los pueblos indígenas ecuatorianos, que inicia en el año 1990, cuando ocurre el primer levantamiento indígena.
“Luego, el año 95 cuando deciden crear el movimiento plurinacional Pachakutik, que es este brazo electoral que tiene la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), y esto permite por primera vez en el país que se elijan a través del proceso democrático y electoral, autoridades indígenas especialmente autoridades locales, luego asambleístas provinciales”, dijo García.
El académico aseveró que Pachakutik es un movimiento político que se ha mantenido en el registro electoral, que ha pasado más allá del 5% de la votación y que no ha desaparecido y tampoco se ha dividido a través del tiempo.
En el aspecto político, considera que en las esferas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial hay avances diferenciados. “Hay muy pocos jueces indígenas”, y puso como ejemplo a la excanciller ecuatoriana y miembro del Tribunal Constitucional ecuatoriano Nina Pacari, aunque cree que ella ha sido “un caso excepcional”.
Según lo que estipula el artículo 171 de la Carta Magna ecuatoriana, las autoridades de comunidades indígenas tienen derechos para ejercer funciones jurisdiccionales, y “con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”.
Además, refleja que el Estado asegurará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas.
Sin embargo, García remarcó que esto “responde a un elemento histórico importante que es este proceso de discriminación, que ellos han vivido durante tantos años, y que lo siguen viviendo, no han tenido igualdad de oportunidades, comparados con lo que sería la población blanco mestiza en el Ecuador”.
Actualmente, en la Asamblea Nacional (AN) existen al menos ocho representantes de provincias o sectores de origen indígena como Gabriela Cerda, asambleísta por la provincia de Napo; Ángel Gende, asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas; Eddy Peñafiel, asambleísta por Orellana; Elio Peña por Zamora Chinchipe; Jaime Olivo por Cotopaxi; Encarnación Ducha por Dañar y Tito Puanchir por Morona Santiago.
Ante esto, reflexiona que son ocho líderes de poblaciones indígenas de un total de 137 representantes en el Legislativo ecuatoriano, es decir, sólo aproximadamente el 5.9% del Parlamento tiene representación indígena.
Entre los avances alcanzados en el sector indígena en los últimos años, García precisó que se lograron grandes reivindicaciones en el sector de la educación, específicamente en la población infantil y adolescente.
“La cobertura de la educación escolar está casi igual que los blancos mestizos, 95% de la primaria, en la secundaria se subió también bastante de forma significativa, lo que todavía sigue siendo un peso muy fuerte no solamente para la población indígena y afrodescendiente sino para todo el país, es la cobertura de la educación universitaria”, enfatizó.
Según el antropólogo, uno de los retos que quedan en la sociedad ecuatoriana es la inclusión de mayor población indígena, afro y mestiza en institutos de educación superior.
“Habría que pensar también en ciertas opciones diferentes, como son los institutos técnicos y tecnológicos, o los institutos de otro tipo de formación, pero esa tasa nuestra de acceso a las universidades sigue siendo todavía baja en relación a otros países latinoamericanos”, agregó.
En este campo, dijo que es muy necesario “democratizar un poco el conocimiento”, es decir, trabajar para que las universidades ecuatorianas tengan un porcentaje de estudiantes indígenas y afrodescendientes en sus matrículas.
“Un ejemplo interesante de eso es lo que hace ahora la Universidad San Francisco, ellos tienen un programa muy interesante, que se llama de Diversidad Cultural, que permite que estudiantes que nunca pudieran formarse en esa universidad, porque les becan totalmente (…) todas las carreras académicas deberían estar abiertas a indígenas y afrodescendientes, osea, por qué solo tenemos abogados indígenas, tiene que haber biólogos, físicos, matemáticos”, apuntó.
El sistema de educación intercultural bilingüe recibirá este año una inversión de 120 millones de dólares por parte del Estado ecuatoriano para su repotenciación.
En entrevista con Andes, Pedro Cango, quien es subsecretario de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, mencionó que esa enseñanza recibirá en 2018 una inversión de 120 millones de dólares para su repotenciación. Ello permitirá crear bases sólidas de conocimiento para dar accesibilidad y permitir la continuidad de estudios de sus alumnos.
Silvia Vásquez, comunicadora social y docente de lengua Kichwa en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Quito, coincidió con García en la idea que la representatividad actual indígena en la política “es muy poca” y en otros ámbitos.
“Los indígenas si bien están en este momento ocupando cargos públicos, pero son de bajo rango, no tienen cargos de poder de decisión, en ese aspecto no se está, todavía, visibilizando el trabajo, y sobre todo nuevos cuadros que podrían advertirse a estos cargo”, enfatizó Vásquez a esta agencia.
La académica, con especialidad en asuntos indígenas y perteneciente a la Red Nacional de Profesionales Indígenas, agregó que, a pesar de que la Constitución ampara en derechos a la comunidad indígena, nos cumplen normas esenciales que se encuentran en este documento.
“Esas normas constitucionales, que están vigentes, en la práctica no se cumplen; incluso la ley de comunicación, en el artículo 14 dice que todos, todos deberían emitir sus informes por lo menos en el 5% en lenguas ancestrales, y no estamos hablando solamente de kichwa sino del shuar y de otros idiomas que también son de relacionamiento (… ) Si no nos apropiamos y cumplimos estas normas básicas de relacionamiento intercultural, mucho menos se cumplen otro tipo de leyes que están bien sustentadas y cimentadas, pero sin embargo siguen siendo solamente formas en papel”, alertó.
Por otro lado, consideró que en los últimos 10 años se han logrado considerables avances en derechos sociales para este sector, en niveles empresariales, educativos y de aporte económico al país. Como ejemplos, dijo que muchos indígenas han decidido ser empresarios, emprender desde sus espacios, gracias nuevas leyes de economía social y solidaria que les ha abierto las puertas a estas posibilidades económicas.
Finalmente, la docente indígena señaló algunos ejemplos de lucha social, específicamente dentro de sectores indígenas no visibilizados.
“Tenemos en Imbabura, muchos líderes como Raúl Amaguaña o Nina Pacari, por ejemplo, quienes realmente con un liderazgo fuerte siempre han venido trabajando por los pueblos indígenas, pero no son visibilizados, no están en la política, pero ellos son la base de lo que sí se puede hacer”, aclaró.
En la diplomacia, se ha llevado un proceso desde el Estado en los últimos 10 años para lograr la inclusión y por ello varios representantes de las nacionalidades y pueblos están ocupando puestos en esta cartera.
Recientemente acaba de ser designado embajador en Bolivia, Franklin Columba, quien procede de una organización política de los indígenas, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Él reemplaza en el cargo a Ricardo Ulcuango, también indígena.
En este gobierno, encabezado por Lenín Moreno desde el 24 de mayo de 2017, fue nombrado titular de la Secretaría del Agua (Senagua), Humberto Cholango, quien fuera líder de la Conaie. También fue designada como gobernadora de Imbabura Paolina Vercoutere, quien posteriormente renunció.
Recientemente, el secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac), el guatemalteco Álvaro Pop Ac, dijo en una entrevista con EFE en La Paz, Bolivia, que los países latinoamericanos están ante el reto de ampliar la participación de los pueblos indígenas en la política, para enriquecer los sistemas democráticos regionales, y de dar un mayor reconocimiento a los idiomas nativos, para que haya mejoras en áreas como la salud y la educación.
Según Pop, la participación política de los pueblos indígenas debe reconocerse “en dos rutas”, la de los sistemas democráticos y la de los mecanismos propios y “procesos de participación ancestral” con que cuentan estas poblaciones para organizarse.
“Un reconocimiento de ambos procesos es fundamental”, remarcó, y consideró que “el ejercicio de participación” indígena “ha sido verdaderamente limitado en términos de las dinámicas estatales democráticas y electorales”.
Mencionó que el continente tiene apenas la experiencia de cuatro partidos políticos indígenas en México, Guatemala, Bolivia y Ecuador, por lo que consideró que el ampliar la participación de los pueblos originarios “pasa por la capacidad de los partidos de reconocerse pluralmente”.
De acuerdo con Pop, ampliar la participación de los pueblos indígenas en la política permite enriquecer los sistemas democráticos regionales, para lo cual es preciso dar un mayor reconocimiento a los idiomas nativos y garantizar su acceso a la educación y la salud.
(Fuente: Nodal)