Las mujeres con discapacidad en nuestro país se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad o riesgo y cuando denuncian a sus agresores se enfrentan a operadores de justicia sin conocimientos especializados en las diferentes discapacidades que existen.
Ante esta situación, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad que busca garantizar la inclusión integral de las personas con discapacidad (física, auditiva, visual, intelectual y psicosocial) y el efectivo acceso a la justicia en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación, en todos los ámbitos del sistema de administración de justicia.
Elizabeth Caballero, coordinadora del proyecto “Impulsando practicas no violentas e inclusivas hacia las personas con discapacidad en el Perú” saludó la aprobación de este protocolo que permitirá a los operadores de justicia contar con instrumentos y conocimientos para poder atender adecuadamente a las personas con discapacidad y en especial a las mujeres víctimas de violencia.
Sin embargo, mencionó la importancia de aplicar este protocolo adecuadamente y que los operadores y administradores de justicia cuenten con la capacitación para que conozcan los mecanismos a seguir en cuanto a los tipos de discapacidad y el enfoque de género.
“Es importante porque es uno de los primeros instrumentos en nuestro país que contempla las consideraciones a tenerse en cuenta para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y sobretodo con el enfoque de género que permitirá considerar a las necesidades y situación de las mujeres con discapacidad dejadas de lado” aseguró la especialista.
Asimismo, dio a conocer que es la policía el primer eslabón en la cadena de atención a las mujeres violentadas por lo que deben dar prioridad a la recepción de las denuncias tomando en cuenta que la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Caballero señaló que en el marco de acciones articuladas de un convenio con el Poder Judicial, más de 300 magistrados y operadores de justicia serán capacitados en las regiones del país en temas relacionados a discapacidad y violencia de género a nivel nacional.
